La diputada federal del PRI, Blanca Alcalá Ruiz confió en que el Congreso de la Unión apruebe la Ley 3 de 3 a rango constitucional para que ningún violentador llegue al poder ni ejerza ningún cargo en la administración pública.
Exhortó a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República a que aprueben la iniciativa antes del mes de septiembre, para que entre en vigor en los comicios de 2024.
“Requerimos un marco normativo que fortalezca la seguridad y protección de las mujeres, pero debe estar acompañada de una actuación eficiente por parte de las instituciones del Estado en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal”, dijo.
En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PRI explicó que la Ley 3 de 3 implica que ningún agresor de las mujeres, ni deudor alimentario pueda aspirar a ningún cargo de elección popular.
Lo anterior aplicará para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos, así como en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
Enfatizó que después de un proceso de construcción y de la mano de luchadoras sociales, expertas y comprometidas con las causas de las mujeres el jueves pasado dieron un paso importante para limitar, desde la Carta Magna, el acceso de agresores de mujeres y deudores alimentarios a todos los cargos de elección.
Los cargos que se elegirán en la contienda electoral de 2024 son diputados, senadores y nueve gubernaturas.
Blanca Alcalá pide aprobar iniciativa
La Ley 3 de 3 también aplicaría para cargos y comisiones en el servicio público, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Fiscal General de la República (FGR).
Por ello, Blanca Alcalá exhortó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a que se apruebe la iniciativa antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024.
La legisladora por Puebla enfatizó que esta iniciativa implica “recuperar la dignidad y ética en la política” para que ningún violentador llegue al poder.
Alcalá Ruiz confió en que el 26 de marzo inicie la dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea turnada al Pleno de San Lázaro y sea enviada al Senado de la República.
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