Cárcel para montachoques es la iniciativa presentada por la diputada Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, el 26 de junio de 2025 ante el Congreso de Puebla. La propuesta busca reformar el artículo 415 del Código Penal estatal para sancionar con hasta 12 años de prisión a quienes simulen o provoquen accidentes viales para extorsionar a conductores.
La reforma el Código Penal y la propuesta de cárcel para montachoques responde al aumento de estas extorsiones en Puebla, especialmente en áreas como el Periférico Ecológico y la Vía Atlixcáyotl. La iniciativa, que protege a grupos vulnerables como mujeres y adultos mayores, está en análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Detalles de la iniciativa de cárcel para montachoques en Puebla
La propuesta de cárcel para montachoques plantea penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 103,740 pesos. Los responsables usan amenazas o engaños para exigir dinero tras colisiones simuladas, según la exposición de motivos de Suriano.
Además, las penas pueden aumentar a 12 años si el delito involucra violencia, grupos organizados, o se comete contra menores, adultos mayores o personas con discapacidad. La iniciativa busca tipificar esta práctica como extorsión vial para proteger a los conductores.
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Modus operandi y zonas afectadas por montachoques
La pena de cárcel para montachoques buscan sancionar a quienes chocan o fingen colisiones para culpar a la víctima. Cómplices, haciéndose pasar por testigos o ajustadores, presionan para obtener pagos inmediatos, según la propuesta legislativa.
Asimismo, el problema crece en el Periférico Ecológico, Recta a Cholula, Vía Atlixcáyotl, Calzada Zavaleta y accesos a plazas comerciales. La AMIS reporta que el 30% de fraudes a aseguradoras en México están ligados a montachoques.
Cárcel para montachoques en otros estados ya es realidad
Por un lado, la Ciudad de México ha liderado la lucha contra los cárcel para montachoques desde el 6 de junio de 2022, cuando reformó el artículo 236 del Código Penal local para tipificar esta práctica como extorsión.
Las penas establecidas van de 3 a 8 años de prisión, con un aumento de hasta 15 años si se emplea violencia física o psicológica, se comete en grupo, o participan servidores públicos, quienes además enfrentan inhabilitación por cinco años. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó en febrero de 2025 la detención de 14 presuntos miembros de la banda “Los 300”, operando en vialidades como la Calzada Ignacio Zaragoza y el Anillo Periférico.
Así operan los montachoques en México: graban su modus operandihttps://t.co/6ZvSLQ1q7N pic.twitter.com/x5yfmbvXfs
— PacoZeaCom (@PacoZeaCom) June 27, 2025
Por su parte, el Estado de México, con 95 casos de montachoques registrados en 2025, persigue estas conductas como extorsión bajo el artículo 246 del Código Penal, con penas de 2 a 8 años. En abril de 2025, el diputado Emilio Manzanilla propuso reformar el Código Penal Federal para sancionar el delito con hasta 12 años en casos agravados, como violencia o uso de documentos falsos.
La alta incidencia en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y Zinacantepec resalta la urgencia de tipificar específicamente esta práctica, que aún no está legislada a nivel local.
Algunos estados procesan como extorsionadores a los montachoques
Además, en Jalisco, los cárcel para montachoques se procesan como extorsión bajo el artículo 194 del Código Penal, con penas de 4 a 10 años, pero no existe una tipificación específica. La incidencia en Guadalajara y Zapopan es menor que en la Ciudad de México, y no hay reportes de reformas recientes para abordar este delito.
En Nuevo León, los casos se sancionan bajo el artículo 341, con penas de 2 a 7 años, aunque la falta de legislación específica limita la persecución en Monterrey, donde se han reportado incidentes.
⚠️ ¡CUIDADO! ⚠️#Montachoques sueltos en #CDMX, esto ocurrió en #Tlalpan, al sur de la ciudad. 🚔 pic.twitter.com/0FcwdepETX
— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 20, 2024
Asimismo, en Guanajuato, los cárcel para montachoques se manejan como extorsión bajo el artículo 232, con penas de 2 a 7 años, sin iniciativas recientes para tipificar el delito.
Otros estados como Chihuahua, Baja California, Michoacán y Veracruz enfrentan problemas similares, pero procesan los casos como extorsión o fraude, con sanciones que varían entre 2 y 7 años, según sus códigos penales. La ausencia de tipificación específica en estas entidades refleja un desafío nacional para combatir esta práctica delictiva de manera efectiva.
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