El Gobierno de México pide, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), juicio político en contra de un juez. Esto, tras haber presentado una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados contra Crescencio Contreras Martínez.
El Gobierno señala al juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas. Esto, por presuntas actuaciones ilegales que favorecieron a grupos criminales operantes en la frontera norte del país.
La denuncia, presentada en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad, destaca la preocupación por las actuaciones del juez. Según la Segob, estas han fomentado la impunidad y negado el derecho a la justicia del pueblo mexicano.
La Segob sostiene que hay elementos que sugieren que las decisiones del juez Contreras Martínez no se ajustan a los principios constitucionales y legales. Aseguran que ha mantenido criterios que llevaron a la liberación de individuos vinculados a actos violentos en perjuicio del interés público.
En la denuncia presentada ante la Cámara de Diputados, se informa a los legisladores sobre varios casos de alto impacto. Estos incluyen la liberación de personas asociadas a un grupo criminal presuntamente vinculado con el secuestro reciente de 31 personas migrantes en Tamaulipas. También se mencionan actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Se alega que el juez federal ha mostrado falta de adhesión a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.
En consecuencia, el Gobierno de México pide un juicio político para que la Cámara de Diputados investigue y analice la actuación del juez. Solicitan, si es necesario, proceda ante el Senado de la República, que deberá decidir sobre su posible destitución.
