Por operar con recursos de procedencia ilícita, vinculan a proceso a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, según informó la Fiscalía General de la República este 25 de mayo de 2025. Este es el segundo auto de formal prisión contra Yarrington, quien permanece en el Penal del Altiplano. Las acusaciones lo relacionan con el Cártel del Golfo y actividades ilícitas durante su mandato.
Vinculan a proceso a Tomás Yarrington en México por lavado de dinero
En 1999, Tomás Yarrington asumió como gobernador de Tamaulipas. Su gestión, hasta 2004, enfrentó señalamientos por nexos con el crimen organizado. En 2011, surgieron acusaciones por lavado de dinero. Para 2013, autoridades mexicanas y el FBI ordenaron su captura por narcotráfico. Vinculan a proceso a Tomás Yarrington nuevamente en 2025, tras un primer auto de prisión en abril por delitos contra la salud.
Para contexto, tienes que leer: ¿Quién es Tomás Yarrington y por qué lo extraditaron?
Por su parte, Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en 2017, usando documentos falsos. En 2018, lo extraditaron a Estados Unidos, donde se declaró culpable en 2021 de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. Ahora se inicia un segundo proceso por adquirir tres inmuebles con dinero ilícito, según la Fiscalía General de la República.
Tomás Yarrington por habría facilitado el tráfico de drogas y lavado de dinero durante su gobierno. Un testigo protegido del Cártel del Golfo lo acusó en 2009 de permitir operaciones ilícitas a cambio de sobornos. Las autoridades estiman que recibió más de 8.5 millones de dólares, usados para comprar propiedades en México y Estados Unidos.
Su situación después de la extradición de Estados Unidos
En julio de 2024, Yarrington salió de prisión en Estados Unidos tras cumplir siete años de una condena de nueve por lavado de dinero. El 9 de abril de 2025, lo deportaron a México, donde lo trasladaron al Penal del Altiplano. Vinculan a proceso a Tomás Yarrington por dos órdenes de aprehensión: una por delitos contra la salud y otra por operaciones con recursos ilícitos.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República busca una sentencia más severa. En enero de 2024, solicitó una orden de captura por lavado de 12.7 millones de pesos y 450,000 dólares, usados en la compra de inmuebles. Un juez definirá su situación jurídica en los próximos días, según fuentes federales.
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