¿Quién iba a pensar que la ONU iba a poner los ojos en México debido a las desapariciones forzadas y que tiene otros datos? ¡El niñito Jesús nos agarre confesados!
En una nota publicada en ApartadoMex ya habíamos hablado sobre el gran problema que representa el adecuar las cifras: Aumentan las desapariciones de personas, disminuyen homicidios.
Claramente es más escandaloso un muerto que un desaparecido, porque se guarda la esperanza de que aparezca. En el caso de México, los reponsables del registro de las cifras parecieran haber decidido meter muertos en las tablas de desaparecidos y con eso acabar con las escandalosas cifras de homicidios.
Claramente en la ONU se enteraron de esto. Aseguran que han recibido evidencia que califican como creíble sobre la ocurrencia de desapariciones forzadas por agentes no estatales, léase personas que no son policías o militares. Pero, además, que el estado ha sido omiso en generar una política o estrategia para evitarlas.
La ONU no habla de una responsabilidad directa del estado.
La ONU no señala un Atenco o un Ayotzinapa.
Habla de una falta de interés por parte de los gobiernos mexicanos, Federal, Estatales y Locales que para la ONU constituyen crímenes de lesa humanidad.
Eso, como ustedes saben mejor que yo, implicaría que la Corte Penal Internacional podría sancionar penalmente a los que considere responsables de esta omisión. Bien podrían ser gobernadores, alcaldes o incluso presidentes.
Esto sería un actuar sin precedentes por parte de la ONU pero que sí se encuentra dentro de sus facultades. Más porque México aceptó someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional desde hace muchos años.
Los otros datos que tiene la ONU, la llevaron a calificar las desapariciones forzadas en México como generalizadas y sistemáticas. Esto a pesar del informe que rindió el gobierno mexicano, donde negó categóricamente que existan “desapariciones generalizadas y sistemáticas”.
Para el gobierno mexicano, las desapariciones no siguen un patrón y son casos aislados con motivaciones particulares. O sea, el Gobierno Federal no tiene la culpa de que las mujeres “decidan irse con los novios para nunca volver” o “que los maridos decidan ir por cigarros y ‘desborrarse’ del mapa”.
México tiene hasta el 18 de septiembre de este año para presentar los “otros datos” que tiene ante la ONU. Esto debido a que al tratarse de la figura de desaparición forzada, la carga de la prueba recae en el estado mexicano.
Y es que la desaparición forzada pertenece a la categoría “sospechosa” en materia de Derechos Humanos. Esto quiere decir que basta con la manifestación sobre la existencia de una desaparición para que el Estado deba movilizar todos los recursos disponibles para su localización.
En otras palabras, para efecto de las pruebas, al estado le corresponde aportar todo lo que ha hecho para prevenir desapariciones y localizar desaparecidos. Y debemos recordar que en realidad lo que han hecho en los últimos tiempos es negar casos como el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
Es en momentos como éste en los que queda claro que la narrativa presidencial que hemos escuchado desde 2018, tiene todavía cierta capacidad de persuación en México, pero al exterior ya es completamente insostenible.
¿A qué funcionarios señalaría la Corte Penal Internacional? ¿Quiénes se mudarían a Países Bajos al Centro de Detención de la Corte Penal Internaiconal? ¡Que el niñito Jesús los agarre confesados!
