Por: José Salvador Espina Garzón
Vivimos tiempos marcados por la incertidumbre y múltiples formas de inseguridad que amenazan a las personas desde diferentes frentes. La inseguridad física sigue latente: cada día corremos un riesgo mayor de ser víctimas, por primera vez o de manera reiterada, de algún acto delictivo. A ello se suma una creciente ola de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, un terreno en el que los más vulnerables suelen ser niños y adolescentes.
En este contexto, Puebla ha captado la atención nacional por la aprobación de una nueva ley promovida en el Congreso local por la bancada oficialista, con el respaldo del gobernador. La versión oficial señala que esta legislación busca erradicar el acoso, la humillación e incluso el bullying en redes sociales. De ser halladas culpables, las personas involucradas podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión.
A primera vista, parecería una medida razonable y legítima para combatir problemáticas que dañan profundamente el tejido social. Sin embargo, surgen dudas y cuestionamientos sobre si detrás de esta iniciativa se esconde algo más de lo que el discurso oficial admite. Hay preocupación de que esta nueva herramienta legal se utilice para limitar y coartar la libertad de expresión, especialmente aquella que proviene del periodismo crítico, de la oposición o de cualquier ciudadano que exprese desacuerdo con el actuar gubernamental.
Este es un asunto particularmente sensible para el futuro de las libertades en el país. La inquietud va más allá de lo inmediato: preocupa que se intente silenciar una de las pocas herramientas que le quedan a la ciudadanía para alzar la voz ante actos injustos o indebidos cometidos por la autoridad. Además, esta ley podría convertirse en un precedente peligroso: la punta de lanza de una estrategia nacional que, bajo el pretexto de atacar problemas reales, termine provocando más daños que beneficios.
Por ello, será fundamental que las y los diputados reflexionen con profundidad sobre las consecuencias que esta legislación puede acarrear. Es evidente que hay margen de mejora en su contenido, aunque resulta difícil revertir su aprobación dado que ha sido respaldada incluso por la presidenta de la República.
Frente a este panorama, recae en la ciudadanía y en los liderazgos de distintos sectores la responsabilidad de alzar la voz en defensa de la libertad de expresión. Es esencial que este derecho no se ejerza con miedo, por temor a incomodar al poder y acabar tras las rejas. Debemos poder expresarnos —siempre con respeto a la dignidad de los demás— con libertad, porque es precisamente la pluralidad de ideas y formas de pensar lo que enriquece y fortalece nuestra sociedad.
