En 2025, la red de huachi-diésel opera dentro de CFEnergía, filial privada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una investigación de Rodrigo Carbajal para Código Magenta expone cómo contratos millonarios, como el firmado con Mejicali Turbine Energy en marzo de 2025, facilitan el uso de diésel en lugar de gas natural, un combustible hasta diez veces más costoso. Este esquema responde a la falta de gasoductos en Yucatán y Baja California, lo que agrava la crisis energética.

Además, la red de huachi-diésel involucra a altos funcionarios y evade el escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La investigación señala a Manuel Bartlett y Julia Abdalá como figuras clave en adjudicaciones directas, afectando la transparencia de la CFE. Este artículo detalla los contratos, los actores involucrados y las consecuencias financieras de esta estrategia.

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Red de huachi-diésel: Contratos y retrasos en infraestructura energética

Inicialmente, la CFE destinó 2,500 millones de dólares a cuatro centrales de ciclo combinado en Yucatán y Baja California. Estas plantas, diseñadas para operar con gas natural, permanecen inactivas por la demora en gasoductos como Puerta al Sureste, Mayakán y Centauro del Norte, cuya finalización está prevista para 2027. Como medida de emergencia, CFEnergía recurrió a turbinas portátiles de diésel.

Por su parte, en marzo de 2025, CFEnergía firmó un contrato de 2,642 millones de pesos con Mejicali Turbine Energy, creada en 2023 por Jorge Alberto Bonilla. Según Carbajal, esta empresa recibe 9.2 millones de pesos diarios por suministrar diésel, un combustible que ingresa al país con la presunta complicidad de la Agencia Nacional de Aduanas. El contrato permite a la empresa obtener el diésel de forma independiente, lo que facilita operaciones opacas.

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Estructura financiera y actores clave en la red de huachi-diésel

Específicamente, la red de huachi-diésel opera bajo el Fideicomiso Maestro de Inversión de CFEnergía, que evade la supervisión de la ASF. Miguel Reyes, exdirector de CFEnergía, coordinó proyectos junto a Axel Rodríguez Batres, exdirector de Operaciones y sobrino de Martí Batres, titular del ISSSTE. Ambos reportaban a Manuel Bartlett y Julia Abdalá, señalada por Darío Celis como artífice de las adjudicaciones directas para centrales como San Luis Río Colorado y Mérida IV.

Asimismo, José Manuel Carrera Panizzo, exdirector de Pemex PMI Holdings, asesoró en los aspectos financieros. La investigación también menciona a Miguel López López, exdirector de Abastecimiento de la CFE, como clave en las adjudicaciones. En 2021, Reyes aprobó un contrato de 136 millones de dólares con Troy T&D para comprar carbón, otra operación cuestionada por falta de experiencia de la empresa.

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Impacto y perspectivas del caso

En resumen, la red de huachi-diésel genera costos significativos para la CFE, con contratos como el de Mejicali Turbine Energy, que asegura 120 megavatios durante 157 días por 1,447 millones de pesos. En Yucatán, 31 unidades generadoras producen 1,856 megavatios, mientras que en Baja California operan 77 unidades con 1,800 megavatios. A nivel nacional, 112 unidades dependen de diésel, con una capacidad de 11,000 megavatios, lo que amplifica el negocio.

La investigación sugiere un esquema de corrupción que beneficia a intermediarios. Las contradicciones son evidentes: Bartlett criticó contratos “leoninos” de gasoductos en 2019, pero empresas como Carso y TC Energy ahora construyen los proyectos retrasados.

Infórmate más sobre este caso y las políticas energéticas en nuestro portal para seguir los avances en la transparencia de la CFE.

Una investigación de Rodrigo Carbajal para Código Magenta.

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