Cinco gobernadores de Morena, entre ellos Marina del Pilar de Baja California, estarían en la mira de las autoridades de EE.UU. por presuntos nexos con el crimen organizado; podrían perder la visa.

Cinco gobernadores de Morena estarían en riesgo de perder la visa estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La noche del 10 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Estados Unidos le revocó su visa, lo mismo que a su esposo Carlos Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana.

Él fue quien dio a conocer primero la decisión y afirmó que se trata de “una medida administrativa” sin implicaciones legales, aunque aceptó que ya iniciaron un proceso legal para revertirla.

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Horas más tarde, Marina del Pilar dijo haber recibido la misma notificación. En un mensaje en redes sociales, respaldó moral y políticamente a su esposo y expresó confianza en que la situación se resolverá.

Sin embargo, el hecho ocurre en medio de rumores de que presuntamente la mandataria tiene vínculos con el crimen organizado, particularmente con “Los Rusos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La periodista Elena Chávez afirmó en marzo que Marina del Pilar habría sido incluida en una “lista negra” de narco-gobernadores por parte del gobierno de EE.UU.

No hay confirmación oficial de esta lista, pero el contexto ha encendido las alertas políticas.

¿Quiénes son los otros cuatro gobernadores señalados?

Junto a Marina del Pilar, hay otros cuatro mandatarios estatales que presuntamente estarían bajo observación por parte de agencias estadounidenses debido a sus supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Esto podría derivar también en la cancelación de sus visas.

Rubén Rocha Moya (Sinaloa)

El gobernador presuntamente ha sido relacionado con el Cártel de Sinaloa, una organización con fuerte presencia en su estado. Aunque no hay investigaciones públicas en su contra, diversos reportes periodísticos y testimonios lo han colocado cerca de figuras ligadas al crimen organizado. La pasividad de su administración ante operativos federales y capturas de líderes narco ha levantado sospechas.

Mara Lezama (Quintana Roo)

La mandataria ha sido presuntamente vinculada con estructuras criminales que operan en la Riviera Maya. Su administración ha sido señalada por proteger intereses ligados al narco en el sector turístico, especialmente en Cancún y Playa del Carmen. La violencia creciente en la zona ha despertado atención internacional.

Evelyn Salgado (Guerrero)

Hija de Félix Salgado Macedonio, la gobernadora ha sido presuntamente relacionada con grupos del narcotráfico que controlan grandes zonas de Guerrero. Organismos civiles y periodistas han denunciado que su gobierno permite el avance del Cártel de la Sierra y otros grupos, lo que habría despertado el interés de autoridades estadounidenses.

Américo Villarreal (Tamaulipas)

La región que gobierna es clave para el trasiego de drogas y personas. Diversos informes señalan que presuntamente mantiene vínculos con operadores del Cártel del Noreste y con exfuncionarios que habrían lavado dinero en campañas políticas. Su nombre ha sido mencionado en investigaciones cruzadas con agencias de EE.UU., aunque sin cargos formales hasta ahora.

PAN y PRI exigen respuestas claras

La oposición no tardó en reaccionar. El PRI y el PAN pidieron explicaciones sobre la revocación de la visa a Marina del Pilar.

El tricolor ironizó en redes: “A los morenistas no les duelen los desaparecidos, les duele no poder ir de shopping a EE.UU.”. El PAN exigió transparencia y advirtió que no se trata de un asunto privado, ya que compromete la imagen de un gobierno estatal ante una potencia extranjera.

¿Puede Estados Unidos revocar una visa sin explicación?

Sí. Las visas estadounidenses son permisos temporales y pueden ser revocadas por múltiples razones:

  • Sospechas de actividad delictiva
  • Proporcionar información falsa
  • Considerarse un riesgo para la seguridad nacional
  • Presuntos vínculos con el narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero

Las autoridades no están obligadas a revelar públicamente sus razones, sobre todo cuando se trata de asuntos de seguridad o investigaciones en curso.

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